San Bartolomé de Tirajana preserva el derecho de los centros de inserción a la licitación y contratación pública
- El Pleno aprueba reservar a partir de 2024 un importe mínimo de 200.000 € para que los centros de iniciativa social que promueven la inserción social y laboral de personas con dificultades puedan participar en las contrataciones públicas de este ayuntamiento
El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves por unanimidad fijar para el año 2024 un importe mínimo de 200.000 euros como cantidad económica que el Ayuntamiento preservará para posibilitar el derecho a participar en los procedimientos de licitación y adjudicación a los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción y programas de empleo protegido.
El concejal de Economía y Hacienda, Alexis Moreno Suárez, destacó que la medida se enmarca en el programa de actuación que el gobierno municipal ha previsto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este domingo día 3 de diciembre.
Moreno Suárez informó al Pleno que esta propuesta de reserva económica, adaptada a la normativa reguladora de la contratación del sector público, será aplicada por el Ayuntamiento “a cualquier objeto contractual que se considere adecuado a la finalidad de promover la integración e inserción social y profesional de personas con dificultades de acceso al mercado laboral”.
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En ese sentido, el informe de la Intervención General del Consistorio sobre esta medida detalla que para el ayuntamiento supone “una oportunidad única para dotar a su contratación pública de un carácter social, y además hacer política social a coste cero, sin ningún coste adicional para el erario municipal”.
El listado orientador de las actividades y servicios que son susceptibles de ser incluidos en los procedimientos de contratación reservada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana destacan productos de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y afines; prendas de vestir, calzado y artículos de viaje y accesorios; impresos, folletos, tarjetas y productos relacionados; manufacturas derivadas de papel y cartón; artículos para personas con discapacidad; regalos para empresas y mobiliario; trabajos de mantenimiento de arcenes, reparación de tejados, trabajos de albañilería y pintura, y servicios de reparación de equipos de edificios; servicios de señalización viaria e instalación de alumbrado; servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración y suministro de catering; servicios de salud y seguridad; servicios de jardinería; diseños web; servicios de operador de telefonía; servicios de correo; gestión de edificios e instalaciones; servicios relacionados con la limpieza y la gestión de residuos; servicios domésticos y también de conserjería.
La decisión adoptada por el gobierno municipal y aprobada este jueves por el Pleno cumple con la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de contratos del sector público y con la Directiva 2014/24 de la Unión Europea, que refuerza el aspecto social de la contratación pública y que impone a los estados miembros un mandato para que se adopten medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de compromisos sociales.
La UE adoptó dicha Directiva, entre otros objetivos, precisamente para salvar las dificultades con las que se encuentran los centros especiales de empleo de iniciativa social y los talleres o empresas de inserción a la hora de concurrir a los procesos licitatorios y de adjudicación en condiciones normales de competencia.
El Diputado del Común ya ha informado que en los cabildos y ayuntamientos de Canarias existe un desconocimiento de esta norma que imposibilita su aplicación efectiva.
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